«Al final, la Asociación Española de Banca,
el gran lobby bancario, ganó la batalla por la modificación de la
legislación hipotecaria frente a los jueces decanos y a las
organizaciones ciudadanas que llevaron su voz al Congreso, persiguiendo
normas más justas y humanitarias para los miles de desahucios
hipotecarios de victimas de las facilidades crediticias de bancos y
Cajas, que no controlaron sus riesgos.
Y en la primavera de 2013, el actual Gobierno convocó a un grupo de
expertos para estudiar la sostenibilidad del sistema de pensiones
públicas. Y para este estudio de interés general, acudieron expertos del
sector privado: de las aseguradoras Aviva, Mapfre y de su patronal
Unespa, más personajes de la banca. No sorprende que la nueva
legislación resultante haya reducido las pensiones y promueva
indirectamente planes de pensiones privados, porque la ampliación de
mercado global de los seguros es un objetivo del mundo financiero.
Más aún, en los últimos años de graves problemas financieros, la
prensa informó de los contactos directos en Madrid del Rey Juan Carlos,
del presidente del Gobierno y de otras autoridades con los máximos
directivos del Instituto de Finanzas Internacionales, el principal lobby
financiero mundial con sede en Washington. Este Instituto intervino en
el diseño político y legislativo de la conversión de las Cajas de
Ahorros en bancos (sin intervención de los electores); y en la creación
del “banco malo” (la sociedad mercantil Sareb) para liberar a los
accionistas de la banca de los activos tóxicos (solares y urbanizaciones
invendibles, etc.) con cargo a los contribuyentes españoles.
Son tres ejemplos vivos de cómo actúan en nuestro país los lobbies que defienden los intereses bancarios y financieros.
Ciertamente, los lobbies o grupos de interés forman parte de las
democracias avanzadas. Grupos económicos, sindicatos, ONG, iglesias,
etc., intentan o dejan sentir su presión ante los gobiernos por medios
legales o no para imponer sus intereses particulares. En las sociedades
democráticas se tiende a la proliferación de estos grupos de intereses
de todo tipo. Y la complejidad de los asuntos públicos ha dado lugar a
lobbies especializados como agencias de profesionales, gabinetes
jurídicos o de comunicación estratégica, asociaciones gremiales o
profesionales que ofrecen estudios, informes, contactos u otras
prestaciones por cuenta ajena para influir ante los gobernantes o ante
la opinión pública.
Y la influencia o presión que ejerce cualquier lobby o grupo de
interés es directamente proporcional al poder que representa, sea por
los recursos de que dispone, por su peso en la opinión pública o por la
capacidad de la movilización ciudadana. Ese poder dependerá de factores
muy diversos, entre ellos, de la relevancia social que tengan los
intereses que defiende y de los recursos que dispongan quienes ejerzan
las actividades de lobby, sean económicos, organizativos o
intelectuales.
De ahí que las actividades de presión política de los grupos
financieros tengan un alcance difícilmente comparable al que pueda tener
cualquier otro grupo de interés aunque sea también de alcance mundial.
Los lobbies que sirven a la banca o a los grupos financieros acumulan
medios de todo tipo (dinero, conocimiento experto, vinculaciones
sociales, etc.) superiores a los de los gobiernos. Además, sus
organizaciones están conectadas a nivel internacional porque los
mercados financieros son globales. Y en la medida en que se ha
liberalizado la actividad financiera y se han eliminando los controles y
la supervisión estatal que siempre ha ejercido el poder político sobre
la banca, frente a la libertad de innovación y de creación de nuevos
productos para el ahorro el ciudadano está indefenso a menudo, sin la
deseable protección del Estado. Porque la banca financiera globalizada
genera riesgos, casi siempre ocultos, para el consumidor o pequeño
ahorrador e incluso para el sistema, como nos ha enseñado la experiencia
reciente.
Y de la UE deberíamos saber que los lobbies financieros tienen un
peso específico en la elaboración de las directivas bancarias y
financieras. De los 30,000 lobistas que pululan por Bruselas, se estima
entre 700 y 2000 profesionales altamente cualificados de los grandes
bancos, como Goldman Sachs o Deutsche Bank, quienes como expertos
participan en los comités de la Comisión europea para los estudios e
informes previos a las decisiones plasmadas en las directivas que,
aprobadas por el Consejo de jefes de Estado y de gobierno, son
tramitadas en los Parlamentos sin debate alguno, convirtiéndose en leyes
nacionales. De ahí que casi siempre los intereses ciudadanos queden
relegados frente a los intereses de los grandes grupos financieros.[...]»
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