«Desempleo, corrupción y la organización
territorial del estado son los problemas más notables del contexto
sociopolítico español en 2014. La evidencia de unos niveles de
corrupción ampliamente generalizados inunda la realidad política y
social de España. En materia económica, la corrupción afecta sobre todo a
los procesos de contratación pública, en especial a lo relativo a la
construcción de infraestructuras, así como a los desarrollos urbanos,
donde la competencia es básicamente local.
Corrupción e infraestructuras
El
sector de la construcción ha desempeñado un papel relevante en los
ciclos de la economía española, en especial en la larga etapa cíclica
expansiva del periodo 1997-2007. La obra pública licitada ha tenido un
peso destacado dentro del conjunto de la actividad constructora. Dicha
magnitud alcanzó los 44.000 millones de euros en 2006, equivalentes al
25,1% del valor de la inversión bruta en construcción
La crisis ha
dado lugar a una profunda disminución en la cuantía del gasto público
en general y, sobre todo, del gasto publico inversor. Según el Banco de
España (Cuentas Financieras de la Economía Española), el conjunto de la
inversión pública, básicamente destinada a la construcción de
infraestructuras, se aproximó a los 47.000 millones de euros en 2009,
cifra equivalente al 4,5% del PIB. Después de ese año la cifra en
cuestión ha descendido con fuerza, alcanzando solo unos 15.200 millones
de euros en 2013, equivalentes al 1,48% del PIB.
El ciclo de la
inversión pública contribuyó primero a la fuerte expansión de la
economía, que se frenó en 2007. Después, con su caída, ha profundizado
de forma sensible la recesión de dicha economía , que se extendió unos
seis años, entre el primer trimestre de 2008 y el segundo semestre de
2013.
Pues bien, la corrupción ha encarecido de forma
significativa la inversión pública, de forma que resulta frecuente
conocer a través de los medios de comunicación que alguna
infraestructura, como por ejemplo el AVE Madrid-Barcelona, ha tenido un
coste muy superior al previsto por irregularidades en la contratación
publica.
De lo anterior se puede deducir que las irregularidades
mencionadas han dado lugar a que las infraestructuras creadas en España
en los últimos años han estado por debajo de lo necesario, lo que ha
contribuido a reducir la competitividad de la economía española y a
disminuir los niveles de actividad y de empleo de numerosos territorios.
El planeamiento urbano y la corrupción
Con
tanta o mayor frecuencia que en lo relativo a contratación pública,
aparecen las noticias sobre irregularidades urbanísticas. El
planeamiento urbano es una competencia compartida entre ayuntamientos y
comunidades autónomas. La Constitución de 1978 y los Estatutos de
Autonomía dejaron la competencia en materia de gobierno del suelo en
manos de dichas administraciones públicas. Las competencias estatales
son muy reducidas en esta materia y afectan sobre todo al proceso de
fijación del precio del suelo en las intervenciones públicas.
En
la práctica los ayuntamientos son el motor del urbanismo. El contenido
de la política de gobierno del suelo se recoge en los Planes Generales
de Ordenación Urbana, planes que deben de adaptarse a la normativa
estatal (Ley del Suelo) y, sobre todo, a la normativa autonómica
recogida en la correspondiente ley de suelo autonómica. En España hay 17
leyes de suelo, una por cada autonomía.
Para que un Plan de
Urbanismo local entre en vigor resulta imprescindible la aprobación del
mismo por parte del gobierno autónomo. Se trata, pues, de una
competencia compartida entre ayuntamientos y autonomías. Por lo general
las iniciativas corresponden a los municipios mientras que los gobiernos
autónomos suelen efectúa una tarea de corrección o de vigilancia de la
legalidad de tales iniciativas.
Sobre este marco competencial,
profundamente descentralizado, hay otro hecho relevante, y es que los
ingresos fiscales de los ayuntamientos ligados al planeamiento tienen
una especial trascendencia dentro de los ingresos de dichas
administraciones públicas. En las etapas alcistas del mercado de
vivienda, en las que los precios del suelo y la vivienda experimentan
aumentos significativos, las decisiones relativas al destino del suelo y
a los volúmenes de edificabilidad adquieren una especial trascendencia.
En
España las plusvalías derivadas de la recalificación urbanísticas pasan
básicamente a los propietarios del suelo. Resulta evidente que estos
últimos ejercerán todo tipo de presiones sobre la administración local
para lograr la calificación urbanística que les resulte más favorable.
En
la etapa de auge del mercado de vivienda desarrollada entre 1997 y
2007, aproximadamente, tuvo lugar una fuerte expansión del crédito
inmobiliario a promotor y constructor, a la vez que crecieron de forma
espectacular la construcción residencial, las ventas y los precios de
las viviendas. Del análisis de los indicadores del mercado de vivienda
se deduce que durante algunos años se construyó muy por encima de lo que
se vendía.
Suele atribuirse al exceso de crédito abundante y
barato el origen de la “burbuja” inmobiliaria, pero detrás de un volumen
de construcción tan acusado estaban las licencias de obras concedidas
por los ayuntamientos. Estos últimos han priorizado la calificación de
suelo residencial, al margen de las necesidades reales del mercado de
vivienda.
Los ingresos que un ayuntamiento obtiene “de golpe”
cuando concede una licencia de obras son importantes, a lo que hay que
unir que una vez construidas las viviendas estas deben de abonar cada
año el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Las irregularidades
administrativas dolosas en torno al proceso descrito resultan más que
abundantes. Resulta evidente que la frecuente corrupción tiene que ver
con la sobreinversión en vivienda, con el excesivo endeudamiento y con
los enormes desequilibrios que han acosado a los ayuntamientos con el
cambio de ciclo.[...]»
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